Así funcionaba la falsa competencia en órganos electorales

Por Sandra Romandía

En México hemos aprendido a desconfiar de las elecciones cuando los resultados parecen decididos de antemano, pero poco nos hemos detenido a observar lo que ocurre detrás de las instituciones encargadas de organizar nuestros comicios, donde también hay competencias, ganadores y perdedores, aunque en algunas de ellas los participantes pertenezcan a una misma red empresarial y el dinero público termine, inevitablemente, en los mismos bolsillos.

La nota que publicamos este martes en EMEEQUIS, firmada por Alejandro Alatriste, documenta cómo los hermanos José Alfredo y Raymundo Francisco Hernández Casillas extendieron durante años una red de empresas por distintos organismos electorales estatales, participando en licitaciones donde aparentemente competían unas contra otras, aunque compartían representantes legales, administradores y vínculos empresariales; un esquema que aparece en procedimientos de contratación en Sonora, Coahuila, Ciudad de México, Jalisco y Zacatecas, además del propio Instituto Nacional Electoral.

Los nombres de las compañías quizá no digan demasiado al ciudadano que acude cada tres o seis años a depositar su voto: Cajas Graf, Corporativo Zeg, Tol Producciones, Formas Finas Fernando Fernández y Formas Finas y Materiales; sin embargo, detrás de esas razones sociales aparecen repetidamente personajes como César Rodríguez Ureña y Fabiola Araceli Rocha Pérez, quienes representaban a distintas empresas en procedimientos donde supuestamente debían enfrentarse para ofrecer las mejores condiciones al Estado.

Es como organizar una carrera en la que los competidores llevan distintos uniformes, pero pertenecen al mismo equipo; la diferencia es que aquí no se repartían medallas, sino contratos financiados con recursos públicos.

El antecedente más significativo se encuentra en Sonora, donde Guadalupe Taddei presidió el instituto electoral entre 2014 y 2021 y donde, precisamente en su último año al frente, Cajas Graf obtuvo un contrato por 46.8 millones de pesos después de competir contra Formas Finas y Materiales, otra compañía vinculada con los Hernández Casillas; el documento fue firmado por la propia Taddei y José Alfredo Hernández Casillas.

Pero la historia no se quedó en Sonora. En Coahuila, Corporativo Zeg obtuvo en 2023 un contrato por 12.4 millones de pesos en un procedimiento donde también figuraba Cajas Graf; además recibió otro por 1.6 millones para mantenimiento de inmuebles electorales, mientras que en 2024 Cajas Graf consiguió uno adicional por 10.6 millones. En la Ciudad de México, ambas compañías volvieron a aparecer como finalistas de una licitación en 2023, representadas por personas que ya figuraban en otros procedimientos.

En Jalisco, Cajas Graf obtuvo en 2024 un contrato por 102.1 millones de pesos para adquirir material electoral, mientras que en Zacatecas, Tol Producciones consiguió uno por cinco millones en 2025; las coincidencias entre compañías, representantes y procedimientos se repiten de un estado a otro, como si los organismos electorales fueran estaciones de una misma ruta comercial.

El esquema también llegó al INE, donde en marzo de 2025 Cajas Graf y Tol Producciones recibieron un contrato de hasta 198.7 millones de pesos para urnas y mamparas de la elección judicial, después de que un procedimiento se declarara desierto y se recurriera a una adjudicación directa; en la licitación original también había participado Corporativo Zeg.

Lo relevante de esta nueva investigación no es solamente la relación de estos empresarios con Guadalupe Taddei, sino que sus operaciones atravesaron distintos organismos electorales, administraciones y entidades federativas, sin que los mecanismos de contratación impidieran la participación aparentemente competitiva de compañías vinculadas entre sí.

Compartir representantes o relaciones empresariales no constituye por sí mismo un delito, pero cuando esas coincidencias aparecen reiteradamente en licitaciones públicas, corresponde investigar si existieron acuerdos para restringir la competencia y qué funcionarios revisaron las propuestas antes de autorizar las adjudicaciones.

La salida de Taddei de la presidencia del INE tampoco debería servir para concentrar todas las responsabilidades en una sola persona, porque los contratos de los organismos electorales locales fueron autorizados por distintas administraciones y los recursos públicos comprometidos merecen una revisión que no dependa de los cambios políticos.

Durante años, el debate sobre la autonomía electoral se ha concentrado en las presiones de los partidos, las reformas legislativas y los intentos de controlar a los consejeros; mientras tanto, una posible forma de captura institucional pudo avanzar por una puerta bastante menos vistosa: la de las adquisiciones, los proveedores y las licitaciones que rara vez ocupan las primeras planas.

Resulta una ironía particularmente amarga que instituciones cuya razón de existir es garantizar competencias auténticas hayan permitido procedimientos donde empresas vinculadas se presentaban como rivales; porque la integridad electoral también se juega mucho antes de que un ciudadano deposite su voto, cuando se decide quién fabrica las urnas y quién se queda con el dinero destinado a comprarlas.

Las opiniones expresadas son responsabilidad de sus autoras y son absolutamente independientes a la postura y línea editorial de Opinión 51.